“Triada diseñada para el despojo y la subordinación del territorio”: CECCAM.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 07 de mayo de 2020
El programa Sembrando Vida, junto con el Corredor Transístmico y el Tren Maya, “pueden ser considerados una triada diseñada para el despojo y la subordinación del territorio”, señala una investigación sobre los impactos de dicho programa y megaproyectos.
El documento de 40 cuartillas, elaborado por Daniel Sandoval Vázquez y presentado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), señala que estos proyectos están estrechamente ligados entre sí.
Sobre el Tren Maya y el Corredor Transístmico destaca que posibilitarán las inversiones y ganancias en corto plazo pero que significan “arrebatar la posesión efectiva de la tierra a las poblaciones originarias” y “privarlas de la capacidad de decidir sobre cualquier uso futuro de los recursos en general”.
Además, prosigue, mediante el desarrollo urbano e industrial a gran escala y la explotación de la población se le separará de su labor creativa ligada a la tierra.
En tanto, el programa Sembrando Vida incide en la decisión de las personas para aceptar las disposiciones oficiales, señala. Con testimonios de distintas localidades se ha comprobado que el programa enajena a los pueblos su capacidad de ejercer el libre consentimiento.
Al relacionar cartográficamente los sitios donde se implementa Sembrando Vida y los nuevos trazos del Tren Maya, se ha documentado el “uso faccioso” del programa para que la población ceda sus tierras, expone.
“Visto de manera conjunta, con el diseño de estos proyectos se trata sí de un reordenamiento del territorio, pero que tiene la misión principal de refuncionalizar y someter las formas y contenidos de la vida social tradicional pertenecientes a los pueblos originarios”, plantea.
El documento concluye al destacar las exigencias hechas por las comunidades al Estado y sus instituciones para que sea desde los pueblos quienes diseñen y hagan valer otro tipo de proyectos.
“Se ha propuesto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que el gobierno no llegue con sus soluciones previamente elaboradas, sino que apoye para que los colectivos fundamenten y determinen lo que es necesario hacer en sus regiones”, apunta.
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