Se han beneficiado del marco legal, dejando graves daños donde operan: Colectiva Cambiémosla Ya.
La Colectiva Cambiémosla Ya, integrada por pueblos y organizaciones que buscan modificar la Ley Minera, llamó a “frenar el saqueo de empresas mineras, en particular las canadienses, que se han beneficiado del marco legal vigente, dejando graves daños en las regiones donde operan”.
En el contexto de la Cumbre de Líderes de Norte América, la colectiva subrayó que las condiciones de privilegios con las que opera la minería en México deben modificarse y poner en el centro la protección de los derechos humanos, la naturaleza y las finanzas del país.
Destacó que a partir de 1990 la minería en México se expandió aceleradamente. Entre 1990 y 2018, la Secretaría de Economía entregó 46,048 concesiones mineras, y hasta el año 2019 operaban 1,531 proyectos mineros. Además, señaló que de las 238 mineras que trabajan en el país, 151 son canadienses.
Apuntó que esta etapa de la minería en México se caracteriza por la preponderancia de la extracción del oro y plata, que ocurre en el 70% de las minas, de ellas, el 68% son propiedad de corporaciones canadienses.
La colectiva enfatizó que la mayor parte de estos proyectos mineros son tajos a “cielo abierto”, prohibidos en los llamados países desarrollados por el impacto en deforestación, intensa sobreexplotación, contaminación del agua, suelo y el aire, producto del uso de arsénico, cianuro, pomo, cadmio, sulfato de cobre e incluso mercurio.
“Estos proyectos generan destrucción ambiental irreversible, dañan las economías locales y causan problemas de salud muy graves como daños dermatológicos y renales, distintos tipos de cáncer, afectaciones neurológicas y alteraciones en el desarrollo en niños, en especial los que van a nacer”, afirmó.
La colectiva ha buscado cambiar el sentido de la Ley Minera, publicada en 1992, en el marco de entrada del Tratado de Libre Comercio, pues ofreció privilegios a las trasnacionales mineras, entre ellos definir a la actividad como de “interés público” y “preferente” sobre cualquier otra actividad, pasando por encima de la agricultura, la conservación de la biodiversidad o la preservación del agua.
Además, dicha ley otorga la posibilidad de operar concesiones hasta por 100 años, lo que permite la especulación financiera, subrayó la colectiva. “Esta ley concede además acceso casi irrestricto al agua, relegando las necesidades de las poblaciones y violando derechos humanos, derechos de pueblos y comunidades indígenas y derechos de los núcleos agrarios”, apuntó.
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