A pesar de ello, comunidades encuentran nuevos caminos para ejercer libre determinación, destaca informe.
La organización Fondo Defensores presentó en la librería Elena Garro de la Ciudad de México un informe sobre la situación de la defensa de los territorios indígenas en México donde destacó un contexto adverso y violento para esa práctica pero también nuevos caminos, surgidos desde las comunidades, para ejercer la libre determinación.
El informe “Destellos para entender y seguir” reconoce que existen realidades contrastantes para la defensa del territorio, por un lado se avanza en el reconocimiento de derechos colectivos como en los autogobiernos en Michoacán o los Planes de Justicia, pero por otro lado hay una confrontación contra otros ejercicios de autonomía como en las comunidades zapatistas, en la comunidad de Ostula y contra la disidencia al Tren Maya y al Corredor Interoceánico.
Destaca además, a través de testimonios recabados a personas defensoras indígenas, que existen múltiples formas en que las comunidades resisten y “se reinventan las prácticas comunitarias para continuar cultivando y cosechando sus territorios”.
Entre ellas: impulsar procesos de comunicación y del conocimiento claro de las problemáticas, el trabajo organizativo desde la base, respaldarse de organizaciones aliadas, compartir espacios y experiencias con otros procesos, la identificación de saberes y haceres de la propia comunidad, así como la inclusión de mujeres y jóvenes en la defensa del territorio.
Bases del despojo
El informe hace un recorrido de cómo ha cambiado el marco jurídico en México desde los años previos a la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994, que ha sentado las bases para el despojo y la privatización del territorio indígena.
Señala además que en el último gobierno, han sido contraproducentes para los pueblos indígenas decisiones como declarar a la minería como actividad prioritaria durante la pandemia por covid 19, el decreto presidencial del 2023 que declaraba las obras del gobierno como de interés público y de seguridad nacional, así como la omisión de promulgar una Ley General de Aguas.
La investigación destaca que a la violencia generalizada del país, a los pueblos indígenas se les suman otras como la violencia del Estado y la provocada por particulares, entre ellas empresas, pero a ello se le suma la generada por el crimen organizado.
En todo ese contexto, apunta el informe, el común denominador es que los conflictos por el control de recursos naturales, que para las empresas significan mercancías, se materializan en la imposición de megaproyectos y actividades extractivistas.
Territorio indígena concesionado
Sobre el despojo a territorios indígenas el informe señala que hasta 2022 se han otorgado mil 459 concesiones mineras que abarcan 2 millones 876 mil 170 hectáreas de estos territorios y; de los 747 municipios con media, alta y muy alta población indígena, 320 (42%) tienen concesiones mineras.
Además, en los territorios indígenas se encuentran 49% de las cuencas hídricas más importantes del país, lo que equivale al 23.3% de la captación nacional. En estos territorios se encuentran 79 mil 511 puntos de extracción de agua cuya cantidad equivale al 15.8% del agua concesionada en México.
En ese contexto, es que se presentan las situaciones de violencia y ataques contras las personas defensoras del territorio indígena, apunta. Retoma datos de Global Witness de los últimos 10 años, que colocan a México como el cuarto país a nivel mundial en asesinatos a personas defensoras de territorio indígena. Recopila también los informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el cual notificó 123 eventos de agresión durante 2023, presentando lo más recurrente a las amenazas, intimidación, agresiones físicas, criminalización, homicidio y hostigamiento.
Notas relacionadas:
El 2023 fue el segundo año más violento en una década para personas defensoras: CEMDA
México criminaliza a personas defensoras de tierra y territorio: Amnistía Internacional
