Víctor Toledo y Elena Álvarez-Buylla, ex funcionarios de la 4T, se adhieren a la petición.
Un grupo de 178 científicas, científicos y especialistas de México, América Latina, Norteamérica y Europa pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y al grupo de científicos del comité de evaluación del fracking acogerse al principio precautorio y descartar el uso de esta técnica extractiva.
En una carta abierta, los expertos, entre quienes figuran Víctor Toledo y María Elena Álvarez-Buylla, ex secretarios del sexenio de López Obrador, expresaron que los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, “forman parte de una actividad industrial intensiva, dispersa territorialmente, difícil de supervisar y con daños acumulativos sobre agua, aire, salud, clima, comunidades e infraestructura”.
“La protección de la salud, el agua, el ambiente y los derechos humanos no puede quedar sujeta a negociaciones compensatorias, mecanismos de aceptación social ni procesos orientados a legitimar una actividad de tan alto riesgo”, argumentaron.
Añadieron que el fracking no puede evaluarse únicamente como una técnica de extracción, sino como “un sistema completo de intervención territorial que requiere miles de pozos, caminos, ductos, estaciones de compresión, manejo de sustancias químicas tóxicas, grandes volúmenes de agua, disposición de residuos, venteos, quemas, transporte pesado y monitoreo permanente”.
Afirmaron que los riesgos del fracking no terminan cuando concluye la fracturación del pozo, sino que persisten durante décadas con emisiones, residuos, pozos abandonados, infraestructura asociada, graves pasivos ambientales y eventos sísmicos asociados a la inyección de aguas residuales.
En México, los impactos de la fractura hidráulica ocurrirían en ecosistemas altamente biodiversos, “con procesos ecológicos fundamentales para la estabilidad climática y la disponibilidad de agua, así como en los territorios de comunidades rurales e indígenas en los que se sostiene la base material de innumerables actividades productivas, agrícolas, pecuarias, turísticas, pesqueras y comunitarias”, señalaron.
Apuntaron que la literatura científica ha identificado asociaciones entre la proximidad del fracking con riesgos de cáncer y otras enfermedades. Estas se vuelven preocupantes para mujeres embarazadas, infancias, personas mayores y comunidades que viven cerca de pozos, ductos, estaciones de compresión, plantas de procesamiento o sitios de disposición de residuos.
Además, expresaron que desde una perspectiva climática, usar el fracking profundizaría la dependencia del gas fósil y desplazaría las inversiones necesarias para la eficiencia energética y para las energías renovables.
Añadieron que desde una perspectiva económica, generaría dependencia de una industria sujeta a precios internacionales volátiles, con alta incertidumbre productiva y costos sanitarios y ambientales que suelen trasladarse al Estado, a las comunidades y a generaciones actuales y futuras.
“Recomendamos respetuosamente que México se acoja al principio precautorio ante riesgos graves, acumulativos o potencialmente irreversibles, y avance hacia una prohibición explícita del fracking como muchos países”, concluyeron.
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