Exigen respeto a la autodeterminación de los pueblos y cambiar modelo económico.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 18 de marzo de 2019
Comunidades de Valles Centrales de Oaxaca, integrantes del “Frente No a la Minería, por un Futuro de Todos”, leyeron un pliego petitorio para Andrés Manuel López Obrador, donde pidieron cancelar las concesiones mineras en sus territorios.
Los también integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) “exigimos se nos respeten nuestros derechos colectivos de libre determinación, autonomía y medio ambiente sano frente a la inaceptable imposición de concesiones mineras en nuestros territorios”, señalaron.
Durante una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de Oaxaca, los representantes de comunidades de Ejutla, Ocotlán y Tlacolula, denunciaron el incremento del hostigamiento y amenazas contra la Copuvo, así como la negligencia del proyecto minero San José que ha contaminado el río Coyote en sus comunidades.
“Hemos realizado asambleas agrarias municipales de las cuales se han levantado diferentes actas. Las comunidades de Ocotlán, Ejutla, Tlacolula ya decidimos sí a la vida, no a la minería”, afirmó una mujer zapoteca, quien se identificó como secretaria del Comisariado Ejidal de Los Cansecos .
Además de la cancelación del proyecto minero San José, ubicado en San José del Progreso, las comunidades pidieron la reparación integral del daño a las personas afectadas por dicha minera.
Pidieron una investigación imparcial y exhaustiva sobre la contaminación del río coyote provocado por la minera y reparación del daño a los pobladores. Crear una comisión independiente para efectuar una auditoría ambiental, social y de derechos humanos a la minera.
Finalmente pidieron sea replanteado el modelo económico y cambiado “por uno basado en el fortalecimiento de nuestros pueblos y comunidades. Manifestamos profundo rechazo al extractivismo”.
El reclamo se da cuando el proyecto minero San José, de la minera canadiense Fortuna Silver, pretende una ampliación de 90 mil hectáreas en suelo de las comunidades, a pesar de haberse declarado territorio libre de minería por parte de autoridades ejidales.
