Según la ONG, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico refuerzan la economía extractiva en perjuicio de las comunidades vecinas.
El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) presentó el 27 de febrero “Militares S.A. de C.V.”, un análisis sobre la administración militar del “Tren Maya” (TM) y del “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” (CIIT). En el reporte, PODER evidencia cómo la opacidad y el desarrollo irregular del los procesos de consulta incrementan los riesgos para el medio ambiente, para los pueblos indígenas y para la defensa de los Derechos Humanos (DDHH).
Este nuevo reporte es una una ampliación de “El tren de las élites”, investigación sobre el TM publicada en 2020. En “Militares S.A. de C.V.” la ONG analizó la red de empresas beneficiadas, extranjeras y mexicanas, al igual que la conexión del TM y del CIIT con proyectos energéticos basados en un modelo económico extractivo.
PODER destacó que el TM y el CIIT “forman parte de un megaproyecto regional que busca culminar la intención que han tenido distintos gobiernos en el pasado por explotar los bienes naturales, la biodiversidad, así como las condiciones geográficas y climáticas del sur-sureste de México”.
El Gobierno Federal defiende que la derrama económica y el desarrollo industrial en la Península de Yucatán y en el Istmo de Tehuantepec mejorarán las condiciones de vida y la posición de las entidades del sur-sureste de México en el comercio internacional.
Sin embargo, PODER documenta que el discurso gubernamental ignora “los impactos que estos proyectos tendrán sobre la vida de las personas, el patrimonio natural, cultural e histórico de las comunidades indígenas”, además, pasa por alto “las agresiones y el hostigamiento que han enfrentado las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente”.
Fuerzas armadas, economía extractiva y riesgos socioambientales
El lugar privilegiado que han tenido las fuerzas armadas en la construcción y administración del TM y del CIIT “genera incertidumbre al ser considerados proyectos prioritarios, de interés público y seguridad nacional”, además de “un temor fundado de que la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos se vean afectados”.
A pesar de la financiación pública y administración estatal, el TM y el CIIT refuerzan los mismos aspectos históricos, “la reproducción del capital” y “la ganancia de las grandes empresas a partir de la explotación de los bienes naturales, por encima de los derechos de las comunidades y del medio ambiente”.
Además, PODER consideró que estos megaproyectos mantuvieron a las comunidades al margen, sin permitir que aportaran ideas de proyectos alternativos, lo que sostienen a causa de los bajos estándares con los que se realizaron las consultas a pueblos indígenas, es decir, los trataron como “espectadores”.
PODER concluyó que la administración militar de los megaproyectos no puede ser excusa para “suprimir los derechos de las personas”, a la información, al medio ambiente sano y a la consulta previa que cumpla estándares internacionales. En su opinión, aislar a los megaproyectos del escrutinio público y la falta de debida diligencia en la procuración efectiva de los DDHH generará impactos negativos importantes a “distintos niveles” y en distintas áreas.
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