Cooperativas y colectivos de trabajadoras sexuales celebran encuentro nacional.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 25 de julio de 2014
Con una participación de 70 integrantes de cooperativas y colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales de todo el país se llevó a cabo el XXVII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.
Ahí las trabajadoras sexuales hicieron un balance de la situación del trabajo sexual en el país, donde abundaron en denuncias de criminalización a su oficio, de operativos violatorios de los derechos humanos y falta de diferenciación entre el trabajo sexual y la trata.
Jaime Montejo, representante de Brigada Callejera leyó un documento de varias cuartillas con cientos de denuncias sobre criminalización del trabajo sexual a lo largo del país, desde Ciudad Juárez hasta Tapachula, pasando por Tampico, Hermosillo, Tlapa, San Luis Potosí, Puebla y Estado de México.
El eje de las denuncias era de supuestos operativos contra la trata donde las trabajadoras sexuales eran directamente afectadas. “Existe un doble discurso del gobierno que por un lado dice que las mujeres son víctima de trata pero por otro les cobra multas, extorsiones y las encarcela”, dijo Montejo.
Para Elvira Madrid, integrante de Brigada Callejera el balance de este año “es de mucha represión y criminalización”, las autoridades “con su discurso de trata quieren acabar con todo lo que las trabajadoras sexuales han ganado en 20 años”. Los operativos contra trata han ocasionado que el trabajo sexual se vuelva más clandestino y más vulnerable, agregó.
Opción laboral
La antropóloga y feminista Marta Lamas, invitada de Brigada Callejera, señaló a La Coperacha que “hay resistencias moralistas y políticas a reconocer la organización de las trabajadoras sexuales, hay que dejar de ver a las mujeres como víctimas, entender que optan por el trabajo sexual como mejor opción laboral”, porque en una sociedad con salarios “miserables” el trabajo sexual es mejor pagado y permite cierta flexibilidad, abundó.
Además “se necesita una reforma legal que reconozca que el trabajo sexual tiene diferentes formas de organización, que pueda haber cooperativas, pequeñas micro empresas, y distinguir eso de lo que es lenocinio”, agregó Lamas.
El logro de las credenciales del GDF
Sobre las credenciales del Gobierno del Distrito Federal que las reconoce como trabajadoras no asalariadas, Lamas comentó que “es un reconocimiento que les permite tener acceso a derechos como a la vivienda, a servicios de salud, a poder abrir una cuenta de banco y decir yo soy trabajadora y aquí está mi credencial”.
Para la presidenta de la cooperativa Ángeles en Busca de la Libertad, Alma García, la entrega de credenciales del GDF significa un escaloncito, “desde que nos entregaron las credenciales no nos han extorsionado los policías”, la importancia radica en que “el gobierno acepta que existimos y que somos trabajadoras como otras”.
Las denuncias
Las trabajadoras sexuales denunciaron casos donde a su juicio las autoridades del DF protegían a los lenones, como en Sullivan donde “la madrota Alondra que maneja golpeadores” cobra el 30 % de los ingresos, así como el de Calzada de Tlalpan a la altura del Walmart del Metro Nativitas donde “un lenón llamado el Mil y su hermano el Furia” siendo policías, cobran a las chicas por pararse en esa esquina incluso “llegaba a cobrar en su propia patrulla”.
Denunciaron también que antes de la credencialización en la Ciudad de México, al ser llevadas al Torito eran desnudadas, obligadas a tener sexo con los policías y a pagar la multa de 1 860 pesos.
En Tapachula, Chiapas, operativos cerraron todos los lugares donde se hacía el trabajo sexual, lo que afectó a dos mil personas, principalmente migrantes hondureñas, quienes no fueron deportadas y en cambio obligadas a quedar en situación de calle con sus hijos, expuestas a violaciones, robos y extorsiones.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, un operativo encabezado por AFIS, Policía Municipal, y ejército levantó a 30 mujeres acusadas de posesión de droga y prostitución. En Ecatepec cerraron 900 lugares donde se ejercía el trabajo sexual. En Puebla luego de operativos en hoteles y calles, les hicieron firmar declaraciones a las mujeres y siguen presas. En Jalisco se ha usado la portación de condones para criminalizar a las trabajadoras sexuales y fincar responsabilidades.
