Reprochan inversiones millonarias para el Mundial cuando se ignoran despojos, desplazamientos y justicia ambiental.
Activistas de Greenpeace desplegaron una manta de 61 metros de alto en la Estela de la Luz, para visibilizar la crisis ambiental y de derechos humanos que persisten en México y hacer un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda estas problemáticas por encima del Mundial de la FIFA.
La acción fue respaldada con una carta firmada por más de 100 organizaciones de México y Estados Unidos como Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Project Worldcup Spotlight, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC.
Las organizaciones cuestionaron que mientras el Gobierno de México realiza inversiones de hasta 2 mil millones de pesos para infraestructura en movilidad en las ciudades sede del Mundial y el despliegue de 100 mil agentes de seguridad, existen urgencias que han sido ignoradas sobre migración, desapariciones, violencia, despojo, desplazamientos forzados y justicia ambiental.
Denunciaron que existen más de 133 mil personas desaparecidas, más de 190 mil connacionales deportados de EE.UU. y más de 20 mil de otras nacionalidades a través “redadas inhumanas y criminales del Instituto Nacional de Migración en México y la Agencia de Enforzamiento de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos”.
Además urgieron atender las causas de la discriminación, racismo, violencia y el desplazamiento forzado de comunidades afro mexicanas e indígenas, “incluyendo los más de 2 mil desplazados de Chilapa, Guerrero, en mayo; así como la criminalización y el asesinato de defensores de derechos humanos”.
Alertaron que la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, no debería ser para beneficiar a billonarios y corporaciones, sino a las personas trabajadoras, la naturaleza, la agricultura y a los derechos humanos.
Por todo ello, urgieron a la mandataria mexicana a dialogar para atender esa demandas y aplicar una política que priorice el medioambiente y los derechos humanos sobre las inversiones en proyectos extractivistas en ecosistemas marinos y terrestres.
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