Van por 3 mil 818 parcelas que lograron “dominio pleno” pero no lo concretaron: Tequio Jurídico.
El abogado indígena Armando de la Cruz Cortés afirmó que la Ley de Ingresos 2024 impulsada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se debe mirar como parte de un proceso privatizador de la propiedad social que viene desde la Reforma Agraria de 1992 y que en la entidad “ha causado mucha preocupación, sobre todo en comunidades con procesos de defensa del territorio”.
El también integrante de la organización Tequio Jurídico, afirmó que esta iniciativa busca en una primera etapa concretar que las 3 mil 818 parcelas que lograron la figura de “dominio pleno” en Oaxaca (con dicha reforma de 1992) pasen del Registro Agrario Nacional (RAN) al Registro Público de la Propiedad (RPP), es decir, a ser propiedad privada.
El proceso, explicó, viene desde el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), luego en una siguiente fase del programa conocido como el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) y luego el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA) que sigue vigente.
“Lo que yo veo aquí con esta iniciativa es por un lado aterrizar o concretar o inducir a las comunidades, sobre todo a los ejidatarios y a los comuneros, que entraron al programa de certificación, que midieron sus parcelas y sus solares, y sobre todo aquellos que adoptaron el dominio pleno en el marco de la privatización que buscaba que la tierra ejidal se individualizara”.
El abogado explicó que cuando se otorgaba el “dominio pleno” el procedimiento obligaba a cancelar los registros en el RAN y adherir al RPP y por tanto las asambleas, los comisariados y los tribunales agrarios dejaran de tener competencia de esa tierra y en su lugar adquirían potestad jurídica los jueces civiles.
Con ese proceso privatizador en Oaxaca, algunos ejidos y comunidades, pero sobre todo los ejidos, enfatizó, adquirieron dominio pleno pero no terminaron su registro en el RPP. En cambio muchas comunidades aceptaron el programa, midieron la superficie general y otorgaron solamente certificados de derechos parcelarios, no otorgaron dominio pleno.
De acuerdo al RAN, en Oaxaca había 795 ejidos certificados, de ellos se convirtieron en parcelas certificadas 194 mil 615, que corresponden a 745 mil 207 hectáreas. De ellas 117 ejidos pasaron al dominio pleno, y de éstos pasaron a parcelas con dominio pleno 3 mil 818 parcelas, que representan el 1.96% del territorio.
De la Cruz Cortés, quien ha acompañado procesos legales de defensa del territorio con comunidades indígenas, estimó que existe un gran riesgo de que este “experimento oaxaqueño” se pueda replicar en otros estados, sobre todo porque en el país prevalece la propiedad ejidal y ya existen más de 3. 5 millones de hectáreas certificadas, parceladas y con “dominio pleno”.
Esto significaría “un ahorcamiento de los pueblos o de los ejidatarios en términos de pago impuestos”, mayor vulnerabilidad para el ejidatario al momento de querer hacer negocios, pero sobre todo, “otorga certeza jurídica no para la comunidad sino para el inversionista, la empresa o el proyecto extractivo que quiere adquirir el dominio total de los terrenos”.
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