Señalaron que la propiedad colectiva de la tierra es resultado de 500 años de resistencia.
Organizaciones sociales y activistas de Oaxaca dedicados a la defensa del territorio se reunieron el 22 de marzo de 2024 en el Foro Defensa del Territorio y la Propiedad Social, realizado en Santa María Atzompa. Las y los participantes emitieron una Declaración con la que repudiaron la criminalización de activistas, los programas sociales que promueven el individualismo y la mercantilización de sus tierras.
La Declaración es una respuesta a las “políticas de despojo” de los tres niveles de gobierno, los megaproyectos en las 8 regiones del Estado y el impacto del cambio climático. El pronunciamiento retoma la defensa ante la promoción de la privatización de la tierra en Oaxaca, como parte del Artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, cancelado por el gobernador Salomón Jara.
Las 70 comunidades y 20 ONG participantes denuncian la “política de saqueo y guerra de exterminio contra nuestros pueblos y comunidades originarias, nuestras formas de vida y organización”, a la que han resistido los pueblos indígenas por más de 500 años. Las comunidades firmantes reivindican los “bienes naturales y culturales” asociados con el territorio colectivo como parte de su identidad y vida tradicional.
Las y los firmantes cuestionaron los “programas sociales asistencialistas que promueven el individualismo y destruyen la colectividad en nuestras comunidades”. Otro frente de resistencia identificado por la Declaración es la “turistificación, exotización y folclorización de nuestras culturas ancestrales y territorios para el privilegio y consumo de unos cuantos”.
De acuerdo con las mismas, la “crisis climática global es resultado del sistema capitalista y colonial que transforma la vida y la naturaleza en mercancías para beneficio de las élites mundiales”. Por lo tanto, llamaron a “construir desde la diversidad movimientos sociales para enfrentar de manera conjunta las políticas neoliberales y neocoloniales que con la actual administración se profundizan”.
Como plan de acción, la Declaración plantea fortalecer las asambleas agrarias y comunitarias, la construcción de redes políticas independientes y el fortalecimiento de estrategias jurídicas. Adicional a esas medidas, se propuso realizar “amplias campañas de información” sobre la importancia de la propiedad social de la tierra.
En solidaridad con otras luchas sociales en la entidad, la Declaración demanda revocar la sentencia contra David Hernández Salazar, agente municipal de Puente Madera (San Blas Atempa), la libertas de presas y presos políticos por defender el territorio y paz para todos los pueblos que luchan contra el despojo y la opresión.
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