Falta reformar artículos que otorgan preferencia sobre suelo y agua: Project Poder.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 21 de noviembre de 2018
La senadora de Morena, Angélica García Arrieta, presentó una iniciativa para modificar la Ley Minera y buscar el consentimiento de las comunidades indígenas para otorgar concesiones en sus territorios.
La iniciativa se fundamenta en los daños ambientales y sociales de la industria minera así como en los “reiterados e impunes casos de violaciones a la ley y a los derechos humanos” y encubrimientos desde el gobierno; además se apoya en datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), que registran más de 15,000 conflictos sociales en el país relacionados con esta industria.
Se propuso que la Secretaría de Economía (SE) y el Servicio Geológico Mexicano realicen procedimientos de consulta previa, libre e informada con las comunidades cuando los proyectos mineros afecten sus territorios, así como la cancelación de las concesiones si las empresas no presentan un informe anual sobre el impacto social de los proyectos.
Además la SE “podrá declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo”, lo cual también sería motivo de cancelación de la concesión.
Las dependencias deberán informar a titulares de concesiones sobre la presencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad para salvaguardar sus derechos, asimismo se prevén montos económicos mínimos para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades.
De no entregarse estos montos, ni presentar medidas de mitigación, ni planes de gestión social también se cancelarían las concesiones, dice la iniciativa.
En la exposición de motivos de la iniciativa se recordaron repercusiones sociales negativas como las ocurridas en Pasta de Conchos en 2006, el asesinato del defensor comunitario Mariano Abarca en Chiapas en 2009, el derrame de los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, entre otros.
Avances y pendientes
La organización Project Poder, quien ha acompañado procesos de defensa de comunidades ante impactos provocados por la minería, afirmó que a la iniciativa le faltó revisar el Artículo 6 de dicha ley que coloca a la actividad minera como “preferente” sobre el uso de suelo que tienen comunidades, con afectaciones a otro tipo de actividades como la agrícola.
Otro artículo que hizo falta modificar es el 19, que refiere al aprovechamiento y concesiones sobre el agua, pues es un inciso que “permite la privatización del agua”, señaló Poder.
Julieta Lamberti, directora de investigaciones de Project Poder, reconoció que hay un avance en el tema de las consultas a las comunidades indígenas pero a la iniciativa le falta hacer explícitos los procedimientos, pues “se deben garantizar los estándares internacionales reconocidos por la OIT”.
Del mismo modo identificó que la iniciativa no señala la metodología para las evaluaciones de impacto social ni los procedimientos para las cancelaciones de las concesiones.
Fotos: Oxfam México
