Detenciones, criminalización, desplazamientos forzados, entre las agresiones documentadas contra comunidades indígenas.
Una Misión Civil de Observación, integrada por representantes de 23 organizaciones nacionales e internacionales, así como de prensa, documentó violaciones a derechos humanos contra pueblos y comunidades indígenas que resisten al Corredor Interoceánico.
La misión señaló en conferencia de prensa que los principales responsables de las violaciones y agresiones contra personas defensoras son la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, aunque también fueron señaladas la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Procuraduría Agraria y autoridades municipales.
Luego de dos días de documentación en varias comunidades de la zona norte del Istmo como Mogoñé Viejo, Santa María Mixtequilla, Santa Cruz Tagolaba y Puente Madera, la misión de observación expresó su preocupación por el incremento de las agresiones contra personas defensoras de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Entre los ataques registrados señalaron intervenciones violentas de cuerpos militares, desalojos violentos, detenciones arbitrarias, amenazas, tentativas de despojo en viviendas y criminalización de personas defensoras en Mogoñé, Estación Sarabia, Palomares, Boca del Monte y San Juan Guichicovi.
Además, se documentaron intimidaciones de la Guardia Nacional contra una asamblea comunitaria en Santa María Mixtequilla, casos de represión, agresiones físicas, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados debido a la especulación en Santa Cruz Tagolaba.
En Puente Madera se registraron detenciones arbitrarias y fabricación de delitos contra 17 personas defensoras, así como campañas de criminalización y difamación.
Agresiones a mujeres
La misión alertó de ataques diferenciados contra mujeres indígenas. Ellas han enfrentado “agresiones, calumnias y difamación basadas en estereotipos de género y con cargas de sexualidad”, lo que ha impactado en su liderazgo, rol comunitario y familiar.
Los derechos humanos que fueron violentados y documentados son a la información, a la participación, la libre determinación, al territorio, un medio ambiente sano y a la identidad cultural, a la vida, la integridad, la libertad personal, la libertad de expresión, entre otras.
Participaron en la misión de observación organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Front Line Defenders, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Educa Oaxaca y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
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