Control sanitario recaudatorio y la falta del reconocimiento al trabajo sexual, entre las principales violencias.
En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Brigada Callejera presentó un informe que identifica 30 indicadores de violencia de género contra trabajadoras sexuales, donde se destaca que los principales responsables de la violencia son servidores públicos.
Uno de los indicadores que expone la mayor violencia contra las trabajadoras sexuales en México es el control sanitario recaudatorio, pues “al Estado no le interesa la salud, sino recaudar recursos”, afirmó Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera.
La especialista en la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales destacó que otro indicador importante es la falta de reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo más, como ha ocurrido en la Ciudad de México por mandato de una jueza.
Este reconocimiento en la capital del país también tiene pendientes. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), que dirige José Luis Rodríguez, no ha entregado más de 1,500 tarjetones de “trabajadora no asalariada”; la mayoría pendientes desde hace año y medio, pero algunos solicitados desde hace 4 años, “lo que representa una muestra del abandono institucional”, señaló Arlen Palestina, asesora legal de la Brigada Callejera.
La organización comunitaria destacó que es importante conocer los 30 indicadores para poder acabar con esta violencia. Las dependencias gubernamentales identificadas como responsables de ejercer violencia de género contra trabajadoras sexuales son las defensorías de niñas, niños y adolescentes, las policías, las fiscalías; además de instituciones autónomas y comisiones como las de derechos humanos.
De acuerdo al informe, en otros indicadores de ejercer violencia de género participan medios informativos, vecinos, transportistas, iglesias y patrones con la complicidad de autoridades de gobierno.
La Brigada Callejera señaló que los 30 indicadores de violencia contra las trabajadoras sexuales van en aumento y no hay una postura clara de los gobiernos por atenderlas en un proceso con responsabilidad. Añadió que no es posible eliminar este tipo de violencia sin la organización autónoma de las propias afectadas y sin el apoyo de otros sectores sociales solidarios.
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