Juez aplica estándares internacionales y el principio precautorio para declarar infundados los alegatos de la empresa.
La mega granja porcina de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), ubicada en Homún, Yucatán, permanecerá cerrada mientras concluye el juicio de amparo promovido por niñas y niños de la localidad.
El juez Rogelio Leal Mota aplicó estándares internacionales en materia de consulta a la población y del principio precautorio para declarar infundado el alegato de la empresa, señalaron las organizaciones Kanan ts’ono’ot, Representantes de la Infancia en Homún e Indignación en un comunicado.
El juez determinó que PAPO no aportó pruebas novedosas para “derribar” los tres pilares que sostienen la suspensión a la granja de cerdos: que la planta de tratamiento de aguas residuales no estaba concluida al momento de iniciar operaciones, que no se hizo consulta previa a la población maya, y que ante el riesgo de afectación al medio ambiente debía aplicarse el principio precautorio.
El juez destacó que existe obligación de las autoridades de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, principalmente el de acceso a la información, de participación en la toma de decisiones y de acceso a la justicia, por lo que se debe realizar una consulta indígena respetando los estándares internacionales y no una “consulta genérica” como la realizada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Yucatán.
Para las organizaciones que acompañan el proceso legal el resolutivo del juez “resulta crucial para los pueblos mayas de la península que enfrentan industrias extractivas que imponen proyectos en su territorio y ponen en riesgo la salud, el agua, el aire y al medio ambiente en general”.
Exigieron al gobierno de Yucatán no ser cómplice de la mega granja, sobre todo porque a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable han participado en los intentos por eliminar la suspensión de la mega granja con el argumento de que la planta de tratamiento de aguas residuales está terminada.
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