Resolución legal ignora daños ambientales y concesión de agua.
La megagranja Yuca Agroalimentos podría reiniciar actividades y continuar con la contaminación de los cenotes de Hunucmá, Yucatán, dijo Kalycho Escoffié, asesor legal de la Unión de Pobladores y Avecindados de San Antonio Chel, tras la resolución del Juzgado Segundo del estado de concluir el proceso sin un “pronunciamiento de fondo”.
La resolución que hace el Juzgado es sobreseer el juicio: deja sin materia el proceso, es decir, no hay acto demandado. En el caso de Yuca Agroalimentos, el Juzgado dijo que hay constancia de que la granja no está en operaciones y se encuentra “abandonada”, aunque en realidad “está clausurada por incumplimiento” desde octubre de 2019, aclaró Escoffié. Por lo tanto, ya no hay violaciones medio ambientales que reparar, de acuerdo a la resolución.
Lo anterior, resaltó el litigante, implica que las autoridades ya no tienen esa suspensión que cumplir y, al mismo tiempo, tampoco hay una sentencia que les ordene a hacer supervisiones de manera permanente.
Escoffié punteó que el problema del juez es que confunde los efectos de la medida cautelar “ordenada por él mismo”. El magistrado expuso que ya no había nada que hacer porque se suspendió la actividad de la granja, cuando ese paro de actividades se debe al juicio, resaltó.
Afirmó que el juez ignora que el amparo incluye la demanda de los permisos otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “sin haber ido a la granja, sin haber exigido requisitos”. La comunidad ve estas concesiones como inconstitucionales, ilegales y que afectan sus derechos. “Toda esta parte no ha quedado sin materia”.
Ante esta resolución, la comunidad presentó un recurso de revisión el pasado 15 de enero con el objetivo de que un Tribunal Colegiado en el estado de Yucatán examine la decisión del Juzgado Segundo. “Está sería la segunda oportunidad que tendría la comunidad”, la siguiente sería en la Suprema Corte de Justicia de la Nación “si decide atraer el caso”.
Afectaciones ambientales
De acuerdo a un perito propuesto por el juez, las afectaciones llegan a Sisal que se ubica en la costa, al norponiente de Yucatán, ya que en la zona no hay cenotes y el agua que consumen viene de Hunucmá, comentó el abogado.
Las comunidades están preocupadas por las secuelas ambientales, los olores, la contaminación del agua de los cenotes y de otras afectaciones que se dan en su vida comunitaria. Por ejemplo, la población de San Antonio Chel reportó que aun con la granja cerrada, que resguardaba mil vacas, “el olor a excremento en el agua regresa durante las lluvias”, por lo que temen que el agua que usan esté contaminada.
En marzo de 2019, la comunidad de San Antonio Chel y avecindados presentaron un juicio de amparo en contra de la Conagua, el Municipio de Hunucmá y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán por permitir que Yuca Agroalimentos operara sin permisos pese a que se sabía que “vertía desechos de ganado a los ríos subterráneos que se encuentran bajo sus instalaciones”, dijo la Unión.
En materia ambiental, enfatizó el abogado, no basta con el cese de la actividad que contamina, se tiene que hacer una evaluación del daño generado y saber cuáles son las medidas de reparación que se tienen que otorgar. “Cosa que tampoco han hecho las autoridades” pues aún faltan los permisos y la evaluación de las afectaciones, aseguró.
Finalmente, Kalycho Escoffié indicó que este Juzgado Segundo tiene el expediente del caso de la megagranja porcícola de Homún y resaltó que frente a esta resolución “preocupa cómo va a atender casos como éste”.
Notas relacionadas:
Una Laguna Negra, documental de los impactos de la granja de cerdos en Yucatán
Se mantiene suspensión de megagranja porcícola en Homún, Yucatán
Organizaciones mayas alertan desistimiento judicial entre megaempresa porcícola y alcalde
