Organizaciones hacen llamado para que el Estado acate las recomendaciones.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 24 de noviembre de 2020
Seis relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta al gobierno mexicano que señala una serie de “presuntas violaciones” de derechos humanos en contra de personas que habitan la región por donde pasará el Tren Maya.
Los relatores afirmaron en la misiva, publicada el 20 de noviembre, su “grave preocupación” por “posibles impactos del llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya” para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, a la salud, además de la información que indica que el estudio de impacto ambiental “haya sido inadecuado”.
Por su parte, organizaciones como el Consejo Regional y Popular de Xpujil, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental e International Service for Human Rights, hicieron un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que acate las medidas y recomendaciones hechas por los relatores de la ONU.
Afirmaron que “lo más relevante y urgente, es que se suspendan las obras del Tren Maya hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental y social integral e independiente” y obtener el consentimiento de las estructuras representativas de las propias comunidades afectadas, con base en los estándares internacionales en materia de derechos humanos “antes de continuar con la construcción del proyecto”.
Ejemplo de lo anterior es que el Tren Maya ha presentado una Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente al primer tramo y que el gobierno “ha optado por fragmentar el proyecto” para impedir evaluar las afectaciones en ecosistemas, biodiversidad, el territorio y la forma de vida comunitaria.
Los relatores de Naciones Unidas también expresaron su preocupación por la “posible militarización” del proyecto ya que los tramos de Tulum, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche, serán construidos por la Secretaría de Defensa Nacional.
La carta finalizó con solicitudes de información al gobierno como: medidas previstas para desarrollar los estudios necesarios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos; acciones previstas para continuar con las consultas a los pueblos indígenas y medidas para observar los derechos de las comunidades en relación a los procesos de adquisición de tierras para el tren; la explicación de emplear a las fuerzas armadas para la construcción de infraestructura civil, y eliminar las represiones en contra de las persona que cuestionen o se oponen al proyecto.
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