Se cumplen tres años sin agua para Ayutla Mixe en Oaxaca

Foto: Informe Misión Civil de Observación, 2020

Mujeres defensoras siguen bajo ataque mediático por su activa defensa del derecho al agua.

Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 20 de mayo de 2020

Ayutla Mixe continúa sin agua, este 18 de mayo ha cumplido tres años de que le cerraran las llaves de abastecimiento. Hoy en plena emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, y en la que el agua es vital, la situación de la comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe se agrava.

A pesar de los casos denunciados desde 2017 siguen sin atenderse y las mujeres defensoras siguen bajo ataque mediático por su activa defensa del derecho al agua en su comunidad, la Misión Civil de Observación (MCO) que desde 2019 acompaña a las comunidades, ha exigido a las autoridades responsables que atiendan la problemática y eviten mayores violaciones a los derechos humanos de estas.

Hace tres años fueron invadidos 25 predios en la zona cercana a un manantial en posesión de 20 comuneras y 3 comuneros de Ayutla. Ahí fueron destruidas casas, árboles y cultivos por habitantes y autoridades de la Agencia Municipal de Tierra Blanca, Tamazulápam. Así comenzaron las agresiones que tuvieron escalada de violencia y hasta un ataque armado y que dejó el cierre de las tuberías de agua y poco después su destrucción.

La Misión Civil de Observación ha documentado a través de un informe, las afectaciones al derecho humano al agua, la vida, salud, y a la integridad física y seguridad de las personas, e incluso, al debido proceso legal. La misión está integrada por diversas organizaciones de derechos humanos del país y de Oaxaca.

Entre las recomendaciones de la MCO en marzo pasado señalan la obligación de las autoridades estatales y federales garantizar el derecho al agua a la comunidad de Ayutla Mixe, por tanto la reconexión para facilitar las labores preventivas ante la crisis de Covid-19.

También pide una coordinación interinstitucional efectiva desde la Federación para generar una atención y solución del conflicto, así como garantizar la protección de los Derechos Humanos y de las personas defensoras de derechos humanos.

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