Dos comunidades anuncian proceso de revocación de mandato contra el edil Juan Calderón Castillejo.
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) falló en favor de proteger los derechos políticos de la comunidad purépecha de San Francisco Uricho, que había denunciado al presidente municipal de Erongarícuaro, Juan Calderón Castillejo, por imponerle a un Jefe de Tenencia.
De forma unánime, el TEEM revocó el nombramiento de Prisciliano Vargas Baltazar como Jefe de Tenencia en Uricho por vulnerarse garantías de certeza y seguridad jurídica, así como por no realizar procedimientos adecuados ni garantizar el derecho de participación y audiencia de la comunidad. Además, reconoció como autoridad legítima a José Ulises Torres Vargas por el periodo para el que fue electo por usos y costumbres.
A través de un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), organización integrada por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, señalaron que Prisciliano Vargas fue impuesto de forma ilegal y arbitraria por el edil de Erongarícuaro, con el objetivo de trabajar contra la autonomía de la comunidad, desacreditar los procesos de autogobierno y responder a intereses personales.
El CSIM, junto con el Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua, que acompañan los procesos de autogobiernos purépechas, anunciaron que a petición de las comunidades de Jarácuaro y Uricho iniciarán un proceso de revocación de mandato contra el presidente municipal de Erongarícuaro, “por violar los derechos colectivos, impulsar grupos de choque en las comunidades y mantener la ingobernabilidad”.
El presidente municipal Juan Calderón Castillejo fue declarado a mediados de enero de 2023 “Enemigo Número Uno de los Pueblos Indígenas”, luego de que fuese suspendida la votación en Uricho sobre su autonomía y administración directa de recursos, ante hechos violentos generados por personal identificada por el edil.
El CSIM también informó que las autoridades comunales de Uricho iniciarán un proceso de consenso interno en la comunidad para decidir colectivamente la fecha para hacer una nueva consulta a la población y decidir sobre su autonomía.
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