Aprueban Estatuto Comunal y prohíben minería en El Cerro, Ejutla, Oaxaca

Asamblea de comuneras y comuneros de Ejutla // Foto: Educa Oaxaca

Asamblea decide no otorgar dominio pleno.

Comuneras y comuneros de El Cerro, Ejutla, región de Valles Centrales de Oaxaca, aprobaron en asamblea su Estatuto Comunal, donde asentaron la prohibición de la minería: “queda estrictamente prohibida toda actividad de prospección, exploración o extracción de minerales”.

A través de un comunicado, la comunidad destacó que el estatuto es más que una herramienta legal, “representa la siembra de una esperanza compartida, una herramienta para proteger la unidad y la organización” y un recordatorio de que la tierra no es mercancía.

Afirmaron que para la comunidad “la propiedad social y colectiva es el cordón umbilical que los une a su identidad Zapoteca”; además, “se cuida colectivamente para que la flora, la fauna y el agua sigan siendo el hogar de las siguientes generaciones”.

En la región de Valles Centrales 12 comunidades se han organizado desde 2009 en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos ante los impactos generados por las concesiones y proyectos mineros como el proyecto minero San José. A partir de 2022, a través de un juicio de amparo, demandaron la prohibición de la entrada de estas empresas a sus territorios.

No otorgan dominio pleno
Comuneras y comuneros de El Cerro, afirmaron que su riqueza no está en los metales sino en el agua, en la herencia de sus padres y en la voluntad “de seguir siendo una comunidad donde la vida florece en colectivo”. Por ello “la asamblea determinó no otorgar el dominio pleno sobre parcelas y solares”.

La figura legal de dominio pleno ha sido usada desde la Reforma Agraria de 1992, que bajo el argumento de generar certeza jurídica para comuneros y ejidatarios, sus tierras pueden pasar a través de acuerdos de asamblea, del Registro Agrario Nacional (RAN) al Registro Público de la Propiedad (RPP), es decir, a propiedad privada.

En la administración del actual gobernador Salomón Jara, organizaciones alertaron que se buscó reactivar el proceso de privatización de la propiedad social con esta figura del dominio pleno.

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