Propuesta inconstitucional que restringe derechos que ya son reconocidos: Francisco López Bárcenas.
En diferentes regiones del país, aumentan las posturas de rechazo del proceso de consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos promovido por el Gobierno Federal. Entre los principales reclamos, se señala que es una simulación, no existe un diálogo genuino ni razonado y es inconstitucional.
El Congreso Nacional Indígena (CNI), organización surgida hace 30 años y que agrupa a cientos de comunidades del país, calificaron de “burla” la propuesta, pues “da un trato colonial, denigrante y racista a los pueblos y comunidades indígenas del país”.
En un comunicado, fundamentó su rechazo “porque da continuidad al proyecto neoliberal de despojar y privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas del país”; porque además no está hecha para los pueblos indígenas “sino para facilitar el acceso de los grandes capitales a nuestros territorios” para saquear, destruir y mercantilizar los bienes comunes y reprimir a los pueblos en resistencia.
El CNI rechaza en particular que se condicione que, “para poder acceder a nuestros derechos, tenemos que registrarnos en un catálogo de pueblos que califica el INPI”, lo cual es una “aberración legal y tramposa restringe profundamente el ejercicio de la autonomía de los pueblos, interviene en la vida interna de las comunidades y destruye el principio de autoadscripción”.
Propuesta inconstitucional
Por su parte, el investigador mixteco Francisco López Bárcenas, señaló que la propuesta es inconstitucional. Explicó que la Constitución reconoce a México como nación pluricultural y multiétnica “sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, definidos como continuidad de sociedades precoloniales, con existencia previa al Estado. Ello implica que “en la formación del Estado, su forma de gobierno y su sistema jurídico, los pueblos deben participar como parte constitutiva, no como invitados”.
Añadió que la propuesta restringe el ejercicio de derechos reconocidos, tergiversa el sentido de la disposición constitucional o establece requisitos que la norma constitucional no tiene, como ocurre con el derecho a la autonomía, la propiedad intelectual colectiva y la consulta.
“Esto resulta anticonstitucional, pues los derechos fundamentales, también por disposición constitucional (artículo 29), sólo pueden restringirse «en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto», y no estamos frente a ninguno de estos supuestos”, enfatizó.
López Bárcenas ya había alertado desde el inicio del proceso de consulta que “busca legalizar las políticas públicas del gobierno dirigidas a los pueblos indígenas”, para que el Estado controle la forma en como los pueblos ejerzan sus derechos, así como una autonomía indígena “del Bienestar”, que no afecte los intereses del gran capital.
Rechazo en CDMX
Al inicio del proceso, pobladores de Villa Milpa Alta, CDMX, calificaron la consulta como “una intromisión en nuestras formas de organización y toma de decisiones” y una bloquearon el acceso al Foro Calmécac, donde se realizaría. Señalaron que en la ciudad hay cerca de 200 pueblos y barrios originarios, de los cuales sólo 53 están reconocidos por el INPI, con lo que el resto no podrá participar en la denominada “asamblea regional de consulta”.
Apuntaron que el INPI se extralimita en sus competencias, “no es una autoridad integrada ni representativa de los pueblos indígenas u originarios”, por lo tanto, “no es la institución que pueda determinar cuándo, cómo y dónde se pueda realizar la consulta”.
Comunidades zoques dicen no
En un comunicado firmado por autoridades comunales y municipales de Santa María y San Miguel Chimalapas, expresaron su rechazo a la consulta de propuesta de Ley Indígena del Gobierno Federal. Relataron que funcionarios del INPI donde entregaron cuadernillos con la “explicación de la ley” y del “proceso de consulta”, así como la fecha impuesta del 23 de agosto para realizar la “apresurada consulta”.
Ante ello, Chimalapas rechazó ser sede de la consulta y el contenido de la propuesta de ley. En particular expresaron que dicha ley debe reconocer integralmente el territorio de Chimalapas y la protección expresa de sus bienes comunales.
Pueblos mayas también se pronuncian
Por otra parte, pueblos de la Península de Yucatán consideraron que la iniciativa de ley mantiene mecanismos de tutela estatal sobre la libre determinación, la autonomía, el territorio, la consulta y el consentimiento de los pueblos.
Comunidades de Homún, Kinchil, Chablekal, Yaxcopoil, San José Tzal, Tebec, Tekit, Chocholá, Baca, Sitilpech exigieron que el reconocimiento de sus derechos no quede condicionado a la inscripción de un catálogo nacional ni a la validación de instituciones gubernamentales, como se pretende con el INPI.
Además cuestionaron que la iniciativa limite el acceso a recursos naturales considerados estratégicos y establezca una lista de autoridades indígenas que no existen en las formas de organización propias de los pueblos de la Península.
También reclamaron que en cuanto al derecho a la consulta, quede condicionada a que exista un “impacto significativo” determinado por autoridades estatales. Exigieron reconocer expresamente las guardianías indígenas y el papel de los pueblos en la protección de bienes naturales y bioculturales como las abejas y la meliponicultura, entre otros.
Amparo de pueblo afromexicano
En el estado de Guerrero, la organización México Negro interpuso un amparo contra el proceso de consulta, al argumentar que existe una “omisión absoluta y discriminatoria”, así como deficiencias metodológicas.
México Negro señaló que ha existido exclusión territorial absoluta en Aguascalientes, Tamaulipas y Zacatecas, así como “procesos simulados, sin pertinencia cultural, sin ajustes razonables ni una perspectiva interseccional que reconozca las realidades de vulnerabilidad” en 23 estados donde se realiza el proceso de consulta.
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