América Latina es la región más letal; México ocupa el quinto lugar con 10 defensores ambientales y del territorio asesinados.
La organización internacional Global Witness publicó el informe “Poder Colectivo: La lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente”, donde documenta que en 2025, al menos 124 personas defensoras fueron asesinadas.
Con esta cifra, el número total de asesinatos y desapariciones documentados por la organización internacional desde 2012, año en que inició esta documentación, asciende a 2 mil 375. “Cada una de estas muertes supone un intento, de la forma más brutal, de intimidar a los movimientos que se oponen a las violaciones de los derechos humanos y ambientales”, asintió Global Witness.
El informe señala que el 85% de estos asesinatos ocurrieron en América Latina y el Caribe, región que ocupa el primer lugar en letalidad desde 2012. A nivel global, Colombia encabeza la lista con 39 personas asesinadas. Le sigue Brasil con 26, Honduras, con 12 y Filipinas con 12.
Caso de México
México ocupa el quinto lugar global con 10 asesinatos, registrando un descenso del año anterior cuando ocurrieron 19. Sin embargo, se ha registrado un aumento en las agresiones no letales. Al señalar datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) se exponen 107 casos de criminalización, cientos de casos de estigmatización, intimidación y difamación.
Global Witness destaca en su informe que las desapariciones siguen siendo un problema. Recupera que expertos de las Naciones Unidas han considerado la naturaleza sistemática de estos ataques en México como “crímenes de lesa humanidad”.
En específico, destacó el caso de Marco Antonio Suástegui, asesinado en Acapulco, Guerrero, mientras buscaba a su hermano, también defensor del ambiente, desaparecido en 2021.
Las causas
Global Witness indicó que la causa principal de los asesinatos en 2025 fueron las disputas por la tierra con 84 casos; seguida de la oposición contra proyectos extractivistas, como minería, con 11 casos; tala de árboles, con ocho e industria agroindustrial, con seis.
Otros datos destacan que casi tres cuartas partes de las personas asesinadas fueron indígenas y campesinas. Siete personas indígenas asesinadas formaban parte de una guardia dedicada a proteger su territorio.
En cinco de estos casos se identificaron vínculos con el crimen organizado, que “constituye un claro indicio de la incapacidad del Estado de proteger a las comunidades de las repercusiones de las economías ilícitas”.
Iceberg oculto
Global Witnes señala que de los 124 homicidios globales, 109 fueron hombres, 14 mujeres y uno de una persona no binaria.
Subraya que si bien hay una tendencia a la baja, ya que en 2024 se documentaron 142 asesinatos, y en 2023, 196, puede deberse a “una subestimación considerable” porque muchos casos no se denuncian.
Los asesinatos son la forma más extrema de represalia que enfrentan las personas defensoras, pero bajo ellos se esconde un “iceberg oculto” de agresiones no letales como la criminalización y las campañas de desprestigio, plantea Global Witness
“Cada vez más, las redes sociales se instrumentalizan para desacreditar y acosar a las personas defensoras, lo que socava la confianza pública y aísla a este colectivo de sus comunidades”, señala.
Añade que “esta diversificación de las estrategias represivas, que comparten el mismo objetivo de intimidar y silenciar a las personas defensoras, podría también explicar, en parte, la disminución del número de asesinatos que se observa en nuestros datos”.
Notas relacionadas:
El Estado, principal agresor a personas defensoras: informe CEMDA
En seis años, 225 personas defensoras fueron asesinadas en México: Educa
