Va de la mano con los megaproyectos que llegarán al Corredor Interocéanico.
El investigador mixteco, Francisco López Bárcenas, especialista en derecho agrario y derechos de los pueblos indígenas, señaló que la Ley de Ingresos 2024 propuesta por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y aprobada el 6 de diciembre por el Congreso local, “es una inducción a la privatización” de las tierras ejidales y comunales.
En su artículo 25 dicha ley dice: “Se propone a esta Soberanía la aprobación del Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales”.
Ante las reacciones que califican dicha Ley de inconstitucional, el especialista explica que se ha puesto énfasis en la Ley de Ingresos pero en realidad esta Ley “remite” a la Ley Estatal de Derechos y “ahí es donde está la inducción”.
La Ley Estatal de Derechos “dice básicamente que los ejidatarios o comuneros, ejidos o comunidades, que realicen trámites para cambiar de régimen a propiedad privada van a ser exonerados de los impuestos, no les van a cobrar nada, ahí está la trampa”.
Para el experto, detrás de esta “jugada fiscal con efectos agrarios” existe la intención de privatizar de la mano del Corredor Interoceánico, pues “van a venir muchos proyectos de capital extranjero y seguramente están presionando para que haya condiciones para poder invertir”. Añade que la certeza jurídica de la que habla la Ley de Ingresos es la certeza para las empresas.
Entre los proyectos que están por llegar ennumera la carretera costera, la ampliación turística de las playas de Huatulco, las concesiones mineras en el norte y sur de Oaxaca, en donde ha habido resistencias de las comunidades indígenas.
López Bárcenas califica de grave el hecho de que en Oaxaca ocurra esto, cuya propiedad social (comunal y ejidal) es mayor al 80% del territorio, pues sería un mal precedente y podría ocurrir en cualquier otro Estado. Además señala que es extraño que la Procuraduría Agraria, responsable de los temas de propiedad ejidal y comunal, no se haya pronunciado.
Añadió que tanto el “Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio” como la Ley Estatal de Derechos no se han hecho públicos por parte del Gobierno estatal ni del Congreso local, lo cual también es grave.
Identificó que esta inducción a la privatización puede empezar a generar conflictos sociales entre las personas de las comunidades que sí quieran privatizar para vender las tierras con quienes no quieran venderlas.
López Bárcenas concluye que “está claro que las tierras ejidales y comunales se rigen por la Ley Agraria y por tanto son del ámbito federal, eso vuelve inconstitucional cualquiera acción que pretenda el gobierno estatal o cualquier gobierno municipal, sobre las tierras ejidales y comunales”. Enfatizó que sólo las asambleas pueden decidir sobre el destino de las tierras.
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