Juez niega suspensión definitiva al tramo 5 del Tren Maya, pero la concede en el tramo norte

Foto: Greenpeace

Suspensión en tramo norte por omitir política de impacto ambiental y desmonte la selva.

El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, anunció que un juez federal negó la suspensión definitiva contra las obras del tramo 5 del Tren Maya, que va de Tulum a Playa del Carmen, así como las de tramo 6 que comprende de Tulum a Bacalar.

De acuerdo a lo dicho por el funcionario, quedó sin efectos la suspensión no provisional que prohibía los trabajos desde Fonatur. El funcionario incluso dijo, que “el resolutivo indica que no se demuestra que se causaría daño irreparable al medio ambiente”.

La resolución del Juez Primero de Distrito de Yucatán, Adrián Novelo, derivado del amparo 1132/2022, señala que “se niega la suspensión definitiva solicitada por C. R. J. L. (…) en relación a la suspensión o paralización que cualquier acto tenga como finalidad la continuación en la ejecución material de la construcción de los tramos cinco Sur y tramo Seis del Proyecto Tren Maya”

Sin embargo, el juez concedió la suspensión definitiva sobre el tramo 5 norte, de Cancún a Playa del Carmen, por la omisión de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de aplicar la política de impacto y riesgo ambiental.

También concedió la suspensión definitiva contra la orden verbal de desmontar la selva que se ubica a lo largo y ancho del tramo 5, y no realizar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni realizar los estudios mecánicos de suelo sobre los tramos 5 y 6.

El juez federal no resolvió sobre lo que deberán realizar las autoridades para cumplir con esa suspensión definitiva, ni señaló sus alcances. Sobre esta suspensión en el tramo norte, Javier May dijo que “ya están en curso la MIA”.

Las resoluciones sobre la suspensión definitiva se dan mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute sobre el acceso a la justicia ambiental como lo obliga el Acuerdo de Escazú, firmado por el gobierno de México y en vigencia desde 2021.

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