Fonatur deberá detener las obras relativas al tramo 3 hasta que se defina la suspensión definitiva.
La jueza Miriam de Jesús Cámara Patrón, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán ordenó la suspensión provisional a tres amparos que impugnan la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 3 del proyecto Tren Maya aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), “hasta que se dicte la suspensión definitiva de los actos reclamados”.
Los amparos, presentados el pasado 20 de enero por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch´Xiinbal” y el Colectivo Chuun t´aan Maya, se fundamentaron con la vulneración a derechos como a la información de las comunidades afectadas y a la adecuada participación en la determinación de las implicaciones e impactos ambientales derivados del megaproyecto; además de la omisión de realizar una evaluación ambiental regional que incluya todo el estudio de los impactos ambientales del Tren Maya de forma integral y no seccionada.
Ante estas violaciones, el Juzgado Cuarto concedió las suspensiones respectivas al argumentar que la imputación es contra la autorización de la MIA e implica un riesgo “preponderante para el ejercicio del derecho a un medio ambiente adecuado por parte de los quejosos y sus descendientes, ya que la naturaleza de tal derecho tiende a proyectarse hacia el futuro”.
En este sentido, consideró como un tema de “relevancia para la sociedad” se garantice un desarrollo sustentable sin que impida el progreso de la comunidad, además de que existe el interés social en la protección de derechos de “tan amplio alcance” como lo son el derecho a un ambiente sano, a una vida digna y a la posibilidad de desarrollar los proyectos de vida de generaciones futuras.
Por lo cual, Fonatur debe detener las obras del Tren Maya los trabajos de construcción que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies animales endémicas de la región hasta que no se defina sobre la suspensión definitiva, sentenció el Juzgado Cuarto de Yucatán.
Por su parte, Jorge Fernández, asesor legal de la organización Indignación, aseguró que el gobierno mexicano “pretende pasar por encima de las comunidades” al mostrar la exclusión, la discriminación, la violación a los derechos fundamentales de las comunidades al no contemplarlas en ninguna de las fases de procesos de consulta.
Para las organizaciones, estas nuevas suspensiones se suman a las que diversas comunidades han obtenido en contra del Tren Maya, lo que evidencia que “el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de tomas de decisiones sobre el proyecto que afecta y pone en riesgo su territorio e integridad cultural”.
Señalaron que mientras el Estado mexicano firma el Acuerdo de Escazú, que establece la obligación a los gobiernos de garantizar el acceso a la información y la participación en materia ambiental a las comunidades indígenas, “en los hechos hace todo lo contrario imponiendo un proyecto ambiental, social y culturalmente insostenible para esas comunidades”.
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