Se modificaría sentencia que protege el derecho humano al agua de un millón de personas en La Laguna, alertan.
La Presidencia de la República, a través de su entonces consejera jurídica, Esthela Damián Peralta, envió el 24 de marzo el Oficio 100.CJEF.06053 2026 dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, con instrucciones para atraer un caso y modificar una sentencia que protegía al acuífero de la Comarca Lagunera y beneficiar con ello a concesionarios privados.
Entre los beneficiarios de estas concesiones privadas y de la maniobra de la Consejería Jurídica de la Presidencia están el Grupo Lala, que encabeza Eduardo Tricio como principal accionista, que a su vez se le ha señalado por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, generando escasez hídrico y contaminación en la región.
Las organizaciones ProDeNazas, Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero y Encuentro Ciudadano Lagunero denunciaron que esta instrucción del Ejecutivo Federal “constituye una violación frontal a la independencia judicial que establece que ningún poder del Estado puede indicarle al Poder Judicial como resolver, mucho menos modificando el alcance de una sentencia que protege el derecho humano al agua de más de un millón de personas para beneficiar a grandes concesionarios”.
Detallaron que el oficio de la Consejería Jurídica instruye a la Corte a “redefinir los alcances de la ejecutoria de la Primera Sala, establecer que no puede paralizarse la actuación de la CONAGUA; fijar directrices favorables a los concesionarios para reanudar el trámite de prorrogas suspendido por mandato judicial; y resolver el Recurso de Queja 192/2025 en sentido favorable a los intereses del Ejecutivo Federal y de los grandes concesionarios del agua”.
Las organizaciones recordaron que en marzo de 2023, la Primera Sala de la SCJN “emitió la ejecutoria del amparo en revisión 543/2022, sentencia firme que ordena a las autoridades responsables garantizar la preservación y protección del acuífero”.
Desde entonces la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los grandes concesionarios desplegaron una estrategia para vaciar de contenido la sentencia de la Suprema Corte e incluso dejarla sin efectos, señalaron.
Las organizaciones informaron que “la Suprema Corte decidió atraer el asunto y resolverlo, registrándolo como recurso de queja 11/2026 y turnándolo a la ministra Lenia Batres para su resolución, lo que hace urgente que la sociedad conozca las instrucciones que el Ejecutivo le envió previamente al tribunal”.
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