Autoridades Agrarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero proponen crear el Estado Plurinacional.
En el contexto de las asambleas regionales de consulta para la Ley de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que se celebran este 28 de agosto en Chilpancingo y Tlapa de Comonfort, Guerrero, entre otros estados, pueblos Mè’phàà y Na Savi de las regiones Montaña y Costa Chica rechazaron dicho proceso de consulta.
En un comunicado, el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) se pronunció por elevar la propuesta de la iniciativa de ley con un reconocimiento al país como un estado plurinacional.
“Si vamos a hablar de derechos hagámoslo de forma contundente, sin discriminación ni racismos, porque lo planteado en la ley sigue siendo de tipo colonialista en donde nos van «dando» derechos de forma parcial, aunque en los discursos se presuman como grandes logros. Hablemos de la nación Mè’phàà, la nación Na Savi, la nación Afrodescendiente, la nación Náhuatl, la nación Ñomndaa, etc. Sin asimetrías, con igualdad, sin discriminación con derecho propio de facto y no simulado”, planteó la CRAADET.
Sin un planteamiento de estado plurinacional se seguirá hablando de supuestos derechos fragmentados de pueblos originarios que siempre serán subordinados al derecho o bien del interés público, como se plantea en el artículo 333 de dicha propuesta, añadió al CRAADET.
La organización de autoridades agrarias también rechazo el uso que se le ha dado al denominado “derecho” a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, pues “desde la aparición de ese falso derecho” en instancias internacionales y en México, se ha usado para legitimar y legalizar el despojo de los bienes naturales de los pueblos originarios, así como para imponer zonas de sacrificio.
Calificaron de ofensivo realizar una consulta o pedir el consentimiento cuando una iniciativa o proyecto se instalará en su territorio con una orientación de generar un daño parcial a sus derechos colectivos, como es el caso de la reciente consulta a la ley indígena.
Rechazaron que sea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), “instancia con tan poca legitimidad”, la entidad que se abrogue el derecho de avalar el ejercicio de los derechos de un pueblo. También se opusieron a la forma en que la propuesta de ley “desdibuja” el territorio indígena sin mencionar la nueva territorialización encabezado por el crimen organizado que toma el control de los bienes naturales.
“El contenido de la Propuesta está muy lejos de ser un proceso para la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado mexicano”, sentenció la CRAADET. Por ello, rechazó participar y legitimar dicha propuesta.
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