Sin discusión en comisiones diputados aprueban ley que beneficia a cementeras, señalan ambientalistas

Foto: Contrarréplica

No hubo diálogo con la sociedad civil sobre peligros de la incineración.

Diputados aprobaron ayer la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que pone el coprocesamiento como un método distinto a la incineración de residuos, aunque organizaciones han señalado que es lo mismo, pero “mucho más peligrosa al dejar el proceso en manos de la industria”.

La votación se llevó a cabo sin estar en la orden del día y sin discutirse previamente en la Comisión de Medio Ambiente, señalaron organizaciones ambientalistas. “Expresamos nuestra indignación por la actuación de los 426 legisladores que votaron a favor del dictamen”.

Además, denunciaron que la aprobación se hizo “sin importar que causa graves afectaciones ambientales y a la salud de las personas” y sin previa discusión en comisiones: “no fuimos escuchados”, afirmó Ornela Garelli, integrante de Greenpeace México.

Agregó que la sociedad civil y expertos en residuos buscaron espacios para “alertar” a los diputados y “nos fueron negados”. Para los ambientalistas quedó claro que los legisladores decidieron “servir a interesa particulares y no al bien común”.

Organizaciones como el Frente de Comunidades en Contra de la Incineración y la Alianza México Sin Plástico manifestaron que la iniciativa, promovida por diputados morenistas y la industria cementera, beneficia económicamente y con “el control total” de la gestión de los residuos municipales.

Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes, declaró que estos movimientos legislativos “pisotean nuestros derechos humanos” y violan convenios internacionales firmados por México “que protegen la salud y el ambiente”.

Asimismo, los ambientalistas dijeron que con la aprobación de la ley Estados Unidos enviará “sus plásticos a quemar a países como el nuestro” para aparentar su reciclaje. Afirmó Jacott que esta práctica es respaldada por el presidente de México.

Las organizaciones hicieron un llamado al Ejecutivo Federal a no aprobar “este albazo” ya que representaría “un atropello” al derecho a un medio ambiente sano para la población mexicana.

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