Bolivia revierte concesiones a cooperativas mineras contratadas con empresas privadas y extranjeras

Se podrán formar sindicatos y se evitarán empresas privadas camufladas.


Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 01 de septiembre de 2016

A una semana de los hechos violentos protagonizados por el sector de las cooperativas mineras, que costaron la vida al viceministro Rodolfo Illanes, este día el gobierno de Bolivia anunció cinco “decretos supremos” destinados a regular la operación de dichas organizaciones, señaladas de beneficiar intereses particulares.

En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno el ministro (secretario) de Minería, César Navarro, acompañado por los ministros de Trabajo, Gonzalo Trigoso, y de Gobierno, Carlos Romero, anunció el primer decreto supremo que revierte las concesiones mineras a cooperativas que firmaron contratos de riesgo compartido o arrendamiento con empresas privadas y extranjeras.

El segundo decreto faculta al Ministerio de Minería y al Viceministerio de Políticas Mineras para la verificación y revisión de las áreas de las cooperativas mineras y de comprobarse que están sin actividad minera, las concesiones también serán revertidas al Estado.

Contra las empresas camufladas
El tercer decreto, “tomando en cuenta que las cooperativas están definidas en la Constitución Política del Estado, y forman parte de la economía plural”, otorga la facultad a la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas para que desde hoy se convierten en agentes de control y fiscalización de este sector.

Con ello las cooperativas deberán presentar la información correspondiente sobre cuánto producen, cuánto perciben económicamente. “A partir de este elemento se tienen que identificar la distribución de ese ingreso por socio cooperativista, esto va a permitir saber si se distribuyen los ingresos y excedentes de las cooperativas de manera equitativa como dice la Ley de Cooperativas que rige en este país”, señaló el ministro Navarro.

Toda esta información deberá ser presentada el 31 de enero de cada año. Si se comprobara que las cooperativas no cumplen con las condiciones adecuadas y con los reportes correspondientes, esa cooperativa minera tendrá que migrar a su condición de empresa privada.

“Las cooperativas solo se justifican a sí mismas si tienen ese carácter solidario de producción y distribución del excedente económico, pero si las características tienen que ver con acumulación y apropiación de capital en menos de algunos socios, entre comillas cooperativistas, esa cooperativa minera tiene que migrar de manera obligatoria a su condición de empresa”, afirmó la autoridad.

Lo que busca este decreto, prosiguió el ministro de Minería, es que aquellas que son cooperativas verdaderas tengan la certeza de continuar realizando todas sus actividades pero aquellas que están “camufladas” y son prácticamente empresas explotadoras de hombres y mujeres en el país ya no tendrán esa condición.

Derecho a sindicalizarse
Por su parte el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, anunció la aprobación del cuarto decreto que instruye, que todas las personas que sin ser socias prestan servicios en las cooperativas mineras, a partir de hoy quedan “protegidas por la Ley General del Trabajo” y en caso de incumplimiento con la normativa por parte de los cooperativistas, los asalariados podrán acudir al Ministerio de Trabajo para reclamar sus derechos.

Se anunció también que los obreros podrán suscribir contratos colectivos de trabajo. “Se entiende que el derecho a la sindicalización en las cooperativas mineras a partir de este momento está en plena vigencia”. Además a partir de hoy los trabajadores denominados asalariados dependientes de las cooperativas mineras acceden al régimen de subsidio y salud, afirmó el ministro Trigoso.

El quinto decreto que anunció esta mañana el Ejecutivo prohíbe el uso, porte y tenencia de explosivos y otros materiales relacionados en manifestaciones públicas, contravención que será considerada una violación al artículo 211 del Código Penal, que establece una pena de entre 1 a 4 años de prisión.

El ministro de Minería, César Navarro, señaló que estas medidas fueron tomadas por el gobierno luego de que se evaluó al sector cooperativo minero, el cuál “ha sido apoyado y fomentado en momentos del neoliberalismo y ha generado una estructura que en muchos casos beneficiaba principalmente a sectores privados y a una élite cooperativista”.

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