Al igual que a Jesús Plácido, le fabricaron el delito de homicidio, denuncia la CIPOG-EZ y exige su liberación.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) exigió la liberación del defensor indígena, Sixto Mendoza Limpia, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), detenido el 28 de septiembre a través de un “violento operativo” en su domicilio, en la comunidad nahua de Alcozacán, Chilapa.
Al igual que a Jesús Plácido, otro integrante del CIPOG-EZ, detenido el 17 de julio y recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, se le fabricó el delito de homicidio, denunció a su vez el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la organización comunitaria donde ambos participan.
La detención de Sixto ocurrió luego de que su vivienda sufriera un incendio y “ocho patrullas de la policía estatal y ministeriales fuertemente apertrechados y encapuchados, simularon que iban a prestar auxilio de la familia de Sixto, sin embargo, aprovecharon la oportunidad para detenerlo”, denunció Tlachinollan.
“La información que se tiene es que es acusado de homicidio calificado en agravio a Irineo Cotzin Morales. Sin embargo, el defensor Sixto Mendoza asegura con firmeza que no lo conoce y que es inocente”, señalaron en un comunicado conjunto CIPOG-EZ y Tlachinollan.
Buscan desmantelar al CIPOG-EZ
Señalaron que la acción se enmarca en un intento por “desmantelar la organización comunitaria que los líderes y defensores del CIPOG- EZ han forjado dentro de sus comunidades”.
Tanto Sixto como Jesús Plácido, denunciaron las agresiones violentas sufridas por las comunidades indígenas de parte de la delincuencia organizada y han señalado sus vínculos con autoridades municipales y estatales.
Tlachinollan calificó de “actuación facciosa y parcial” de la Fiscalía estatal, por no investigar 84 crímenes y 25 desapariciones de integrantes del CIPOG-EZ, pero en cambio “se encarga de perseguir a los defensores comunitarios, dejando intacta la estructura delincuencial que controla la zona”.
En mayo la comunidad de Tula quedó devastada por las balas y los drones artillados lanzados por el crimen organizado. Lo mismo pasó en Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán con un resultado de 800 personas desplazadas y 12 asesinatos ocurridos en esas fechas.
Por ello, las organizaciones comunitarias exigieron cesar la persecución contra los defensores del CIPOG-EZ y su liberación inmediata.
Notas relacionadas:
Celada del gobierno para detener a líder indígena de Guerrero: CIPOG-EZ
Mil familias desplazadas y 4 asesinados por ataques contra comunidades de Chilapa
