Inician plantón permanente en espera del cumplimiento de acuerdos de Semarnat y Profepa.
El lunes 15 de junio se cumplió el plazo que las comunidades yoremes de la Bahía de Ohuira, en Topolabamo, Sinaloa, pusieron a las autoridades federales para frenar la construcción de la planta de amoniaco GPO de capital suizo-alemán que producirá 2 mil toneladas diarias de material de exportación. Incluso el gobernador indígena, Felipe Montaño dijo a medios internacionales que se tomarían las instalaciones si no había respuesta.
A partir de las primeras horas del lunes, el campamento de comunidades indígenas se trasladó a la entrada de la planta de amoniaco, y si bien no se bloqueó la circulación vehicular ni el acceso de la planta, la empresa decidió frenar los trabajos. La acción ha sido denominada por las comunidades como un “plantón permanente” hasta que se cumplan las promesas del Gobierno Federal.
En ese contexto, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) repudió cualquier intento de represión y criminalización a las y los defensores del territorio y responsabilizó a la empresa y al gobierno federal, estatal de Sinaloa y municipal de Ahome por cualquier daño físico y material que puedan sufrir las personas que integran el movimiento de resistencia ¡Aquí No!”.
Investigar las denuncias
Los compromisos señalados fueron establecidos el viernes 12 de junio entre la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, la procuradora Ambiental, Mariana Boy, con las comunidades, sectores sociales y académicos. Entre ellos está investigar las denuncias puntuales sobre el incumplimiento de normas técnicas y ambientales de GPO y la empresa Proman.
Además, continuar las mesas de diálogo a través de una mesa técnica conjunta con la comunidad y especialistas para confrontar los estudios y analizar las inconsistencias de las tres Manifestaciones de Impacto Ambiental otorgadas entre 2014 y 2018; una inspección física de Mariana Boy para verificar irregularidades como las descargas de agua no reguladas y la afectación de zonas de manglar documentadas en videos por las comunidades.
También se acordó que la autoridad federal cite formalmente a directivos de GPO con el fin de exponerles los acuerdos, observaciones y reclamos planteados por los pobladores inconformes. Así también se entabló el compromiso de respetar la libre manifestación de las comunidades indígenas y pesqueras por parte de los gobiernos federal y estatal.
Sin consulta indígena
Además, las comunidades indígenas se inconformaron con la consulta ciudadana hecha por el gobierno federal con la que ha justificado el megaproyecto pues, las cuatro comunidades más cercanas al punto de construcción de la planta (Topolobampo, Paredones, Lázaro Cárdenas y Ohuira) han rechazado el megaproyecto desde hace una década, pero la autoridad federal incluyó a 11 comunidades que están hasta 55 km de distancia de la planta.
Por ello, el movimiento ¡Aquí No! y las comunidades afirman que esa consulta no representa lo que realmente quieren las comunidades directamente afectadas por la instalación de la planta. A partir de eso existen al menos 5 juicios de amparo donde se alega la violación del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho a consulta de los pueblos originarios.
Daños ambientales
La Bahía de Ohuira es un sitio RAMSAR protegido internacionalmente por su importancia para la biodiversidad. La planta de amoniaco se construye dentro de esta bahía y sobre terrenos donde anteriormente existían extensas áreas de manglar, proceso de destrucción que ha sido documentado con imágenes satelitales.
Además, la planta de Proman y Gas y Petroquímica de Occidente, fue declarada por 11 expertos independientes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como un peligro ambiental, social, económico y cultural, declaratoria que el gobierno mexicano no tomó en cuenta.
Además, los pescadores de Lázaro Cárdenas y comunidades aledañas temen que la planta caliente el mar, destruya el ecosistema y elimine sus fuentes de trabajo. Este temor está fundamentado pues, los estudios de impacto ambiental señalan que se descargarán grandes volúmenes de agua a muy altas temperaturas hacia la bahía, se reconocen afectaciones potenciales al ecosistema marino, incluyendo organismos y especies de las que dependen la pesca, entre otras.
Movilización en Alemania
Del otro lado del Atlántico, en Berlín, Alemania, una comisión de integrantes del movimiento social ¡Aquí No!, protestó en Berlín en la Potsdamer Platz. La protesta busca llegar hasta los inversionistas principales del megaproyecto, el banco estatal alemán KfW-IPEX, así como con parlamentarios y políticos del país europeo para frenar el financiamiento gubernamental.
El movimiento ¡Aquí No!, conformado por mujeres defensoras de derechos humanos, autoridades tradicionales de las comunidades yoreme afectadas, representantes ejidales, cooperativas pesqueras, comisariados municipales y representantes de la academia, han realizado movilizaciones de miles de personas, incluyendo una movilización masiva, a principios de junio, de Los Mochis a Topolobampo exigiendo la cancelación definitiva.
Notas relacionadas:
Semarnat también autorizó megaproyecto turístico Baja Bay Club
El modelo cooperativista del siglo XIX en Topolobampo, Sinaloa
