Pueblos de Michoacán exigen cuidado del medio ambiente, seguridad y justicia.
Esta mañana, comunidades indígenas y afromexicanas organizadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán se movilizaron para cerrar las instalaciones de la Geotermoeléctrica los Azufres, de la CFE, así como cuatro autopistas y carreteras.
Las vialidades cerradas fueron la autopista Morelia-Guadalajara, en la Caseta de Panindícuaro; la autopista Morelia-Uruapan, en la Caseta de Zirahuén; la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas, en la Caseta de Taretan; y la carretera federal Lázaro Cárdenas-Colima, a la altura de la comunidad afromexicana de El Ticuiz.
En el marco del 2o Informe de Gobierno de la Presidencia de la República las comunidades realizaron estos cierres para exigir cuidado del medio ambiente, la defensa de los lagos y los ríos, seguridad y justicia verdadera para las comunidades.
Denunciaron simulación de los Gobiernos Federal y Estatal, toda vez que no han cumplido con los acuerdos establecidos con los pueblos originarios. En específico, demandaron atención a la crisis de salud y ambiental padecida por las comunidades del Oriente de Michoacán generada por la geotermoeléctrica.
Exigieron la renuncia de la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, “por su indolencia e incapacidad para atender la problemática”. Anteriormente, denunciaron que la CFE había negado el permiso para que las comunidades realizaran una inspección y señalar los sitios de contaminación y mal manejo de residuos.
Las demandas también alcanzaron la creación de un Comité Interinstitucional para Salvaguardar el Lago de Zirahuén, la libertad a la guardiana de los bosques María Cruz Paz Zamora, detenida desde 2024, paradójicamente, en el Día Mundial del Medio Ambiente.
Las comunidades también rechazaron las consultas simuladas que organiza el Gobierno Federal para aprobar la Ley General de los Pueblos Indígenas, pues “es discriminatoria, burocratiza la autodeterminación y representa un retroceso en la lucha por el territorio”.
Además, exigieron juicio político para el presidente municipal de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza, a quien señalan de crear grupos de choque en la comunidad afromexicana de El Ticuiz para operar en contra de las autonomías de los pueblos.
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