Pueblos y organizaciones constituyen la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)

Exigen al Estado Mexicano reformas constitucionales para cumplir con tratados internacionales y Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 24 de septiembre de 2020

Pueblos indígenas, comunidades y organizaciones defensoras constituyeron la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) para exigir al Estado Mexicano una reforma constitucional en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Los pueblos Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa, acompañados de organizaciones como Fundar, Oxfam, Serapaz, Tlachinollan y Educa, emplazaron al Ejecutivo, al legislativo y a gobiernos locales a realizar cambios para cumplir con sus derechos.

Señalaron que a pesar de que los pueblos han construido su autonomía a través de autogobierno y sistemas normativos propios, día a día gobiernos, empresas y crimen atentan contra las estructuras tradicionales a través de mega proyectos, violencia, corrupción, falsas consultas, dividir el tejido comunitario y criminalizar a comunidades y organizaciones defensoras. Lo anterior, agravado por la pandemia, puntualizaron.

Exigieron al Ejecutivo, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Congreso de la Unión impulsar la reforma constitucional para reconocer a los pueblos y comunidades como sujeto de derecho público y garantizar de forma efectiva sus derechos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio y a sus formas propias de desarrollo y de aplicación de justicia.

Además, urgieron derogar leyes como la Minera y las de la Reforma Energética porque permiten el despojo legal de territorios indígenas debido al carácter preferente de sus actividades y la figura de ocupación superficial.

Asimismo, pidieron promover una nueva Ley de Aguas con apego y respeto a los sistemas comunitarios, y una Ley de Prohibición de la Fracturación Hidráulica (fracking).

A los gobiernos y congresos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca pidieron aprobar reformas para alcanzar el pleno respeto y garantía del autogobierno y los sistemas normativos y de seguridad propia, promovidas por pueblos y comunidades en estos estados.

A la Secretaría de Gobernación y a los órganos de seguridad y Justicia exigieron implementar medidas y sanciones efectivas  para asegurar a las comunidades, organizaciones y defensores el ejercicio de su labor y no ser víctimas de agresiones y actos de criminalización.

Los pueblos, comunidades y organizaciones que conformaron ALDEA, provenientes de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Sonora y CDMX, invitaron a otras comunidades y organizaciones a sumarse por la defensa de la vida y la autonomía.

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