Dr. Juan José Rojas Herrera
Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y especialista en cooperativismo.
Coordinador de Estudios de Posgrado de Sociología Rural en la UACh.
Los orígenes más remotos de la economía social (ES) en México se remontan a mediados del siglo XIX, cuando surgen y se multiplican las sociedades mutualistas. Hacia el último cuarto de ese mismo siglo nacen las sociedades cooperativas y, a lo largo del siglo XX, se van a ir sumando nuevos organismos a este amplio y abigarrado movimiento social y económico.
Hoy en día, la ES está conformada por asociaciones y empresas legalmente constituidas, pudiendo adoptar las distintas figuras asociativas señaladas en el artículo 4 de la Ley de Economía Social y Solidaria, esto es: ejidos, comunidades agrarias, sociedades de solidaridad social, sociedades cooperativas, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
De acuerdo con el estudio diagnóstico de la ES realizado en 2013 por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), en ese año había en el país 60 mil 943 organismos de la ES, de los cuales más de la mitad eran de tipo agrario, entre los que sobresale la existencia de 29 mil ejidos y 2 mil comunidades, así como cerca de 2 mil Sociedades de Solidaridad Social. Por su parte, las cooperativas, conforme a los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al mes de abril de 2020 y de la base de datos del Registro Nacional Único de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP), actualizados a diciembre de 2019, alcanzaban la cifra 18 mil 038, en las que se agrupan 8 millones 875 mil 186 socios cooperativistas.
En el medio rural, la importancia económica de la ES se confirma en su potencial productivo, ya que como señala el Compendio de Información Básica 2013-2017 de la Economía Social en México, publicado por el INAES en 2017, los organismos de la ES poseen: más de 100 millones de hectáreas (51% del territorio nacional), 80% de bosques y selvas y 66% de los litorales del país.
Si bien no existen datos oficiales que den cuenta de la población total agrupada en los distintos organismos de la ES, ni tampoco de su contribución a los grandes agregados nacionales y sectoriales de la economía del país, el INEGI ha realizado dos estudios de factibilidad tendientes a la elaboración de una cuenta satélite de la ES en México. El primero de ellos se publicó en 2018, tomando como año base el de 2013, en tanto que el segundo se dio a conocer a finales de 2022 y tuvo como año base el de 2018, lo cual permite contar con una perspectiva temporal del comportamiento de la ES durante la década pasada en relación con dos indicadores, a saber: aportación de la ES al PIB y personal ocupado y remunerado en las empresas del sector. En lo que se refiere al primer indicador, la aportación de la ES al PIB fue de 1.2% en 2013 y de 1.6% en 2018. En lo relativo al personal ocupado y remunerado en las empresas de la ES, en 2013, alcanzó la cifra de 1 millón 180 mil 847 personas, cantidad que para 2018 se ubicó en 1 millón 752 mil personas, lo que significa que la contribución de la ES a la PEA Nacional fue de 2.25% en 2013 y para 2018 se incrementó a 3.14%.
Pese a este dinamismo y expansión de la ES en México, al concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la legislación federal no había sufrido modificación significativa alguna. Los pocos cambios que se hicieron fueron regresivos y tuvieron que ver con modificaciones parciales a la Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), tendientes a continuar con el proceso de concentración y depuración del subsector cooperativo de ahorro y préstamo en pocas y muy grandes entidades asociativas y la salida o fusión de las entidades más pequeñas o de reciente creación.
Por el lado de la política pública de fomento a la ES, es de advertir qué durante el sexenio indicado, esta sufrió un grave estancamiento que se manifestó en severos recortes que se produjeron en los componentes esenciales de toda política pública: presupuesto, personal e infraestructura institucional, de tal modo que, al combinarse la parálisis legislativa con el desmantelamiento de la política pública, prácticamente asistimos a un proceso de desinstitucionalización de la ES en México.
Así las cosas y de cara al inicio del llamado “segundo piso de la cuarta transformación”, el reto principal que se le plantea a la ES, es el de impulsar un proceso de reinstitucionalización de carácter democrático y participativo, cuyo contenido tendrá que irse definiendo en la práctica, mediante el diálogo constructivo y propositivo, para lo cual, en principio, se requiere que se reactiven los antiguos espacios que existían para la interlocución y la coproducción del marco jurídico y para el diseño de las políticas públicas (El consejo consultivo del INAES y los consejos consultivos de la Ciudad de México y algunas de sus Alcaldías) y, por su puesto, que se creen nuevas y más amplias y vigorosas instancias de intermediación de intereses, pudiéndose incluso llegar a la suscripción de una alianza pública (firma de un pacto de colaboración) entre el movimiento de la ES y el gobierno federal con responsabilidades y compromisos claramente definidos y de carácter vinculante.
Tales espacios deberán ser el escenario para la puesta en marcha de procesos innovadores, participativos y democráticos de coproducción legislativa y de políticas públicas a nivel nacional, sectorial y regional, involucrando en todas sus fases de diseño, implementación y evaluación a los actores de la ES, así como a otras instituciones de apoyo, como pueden ser universidades u organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema.
Sin embargo, para que ese diálogo sea fructífero no solo el gobierno debe cambiar, sino también los actores de la ES deben prepararse y cumplir con su función integral de movimiento económico alternativo, teniendo claro que además de contar con un proyecto social y económico también se requiere de un proyecto político e ideológico, de ahí la importancia de mantener organizada y movilizada a la ES como un movimiento social reivindicativo.
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