Demandan el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua, durante foro en Juchitán.
Autoridades comunitarias y agrarias, personas defensoras y organizaciones exigieron que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos garantice plenamente el derecho colectivo al agua, al territorio, a la libre determinación y a la autonomía.
“El agua no puede ser tratada como una mercancía ni las decisiones sobre los territorios indígenas pueden tomarse sin los pueblos”, demandaron durante un encuentro de pueblos celebrado en Juchitán, Oaxaca, los pasados 19 y 20 de septiembre, donde se analizó el Capítulo Normativo sobre Derecho al Agua en dicha Ley.
No perder derechos conquistados
Una de las demandas principales fue que la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos reconozca plenamente los sistemas comunitarios de gestión, administración y cuidado del agua, así como las formas propias de organización y toma de decisiones de los pueblos.
Con ello, se buscaría proteger manantiales, ríos, acuíferos y otras fuentes de agua vinculadas histórica, cultural y territorialmente con las comunidades, así como garantizar su participación efectiva frente a concesiones, autorizaciones, obras y proyectos que puedan afectarlas, señalaron las comunidades.
También se busca lograr el reconocimiento de las características hidrológicas específicas de los territorios y evitar retrocesos en derechos conquistados.
En 2021 las comunidades de Oaxaca lograron por primera vez a través de un Decreto Presidencial el reconocimiento a la administración comunitaria del agua, a partir de reconocerles derechos a la libre determinación, autonomía y territorio.
Rechazo a proyectos extractivos
Durante el encuentro también se expresó preocupación frente a proyectos extractivos y de infraestructura impulsados en diferentes regiones del país.
“Nos preocupan el impulso al fracking, los proyectos de extracción de hidrocarburos, las zonas de sacrificio, las presas y los trasvases presentados como grandes soluciones, mientras se deja de lado el cumplimiento de la legislación ambiental, la transparencia y la viabilidad técnica”, señaló Nadir Hernández, coordinador de Proyectos del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto.
Apuntó que son las comunidades quienes sostienen el abasto y cuidado del agua sin apoyo eficaz del gobierno.
Durante el encuentro participaron autoridades comunitarias y agrarias de Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Edomex, así como las organizaciones Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; ASER Litigio y el Instituto Jurídico de Autodeterminación Indígena.
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