Fue una audiencia inédita, primera vez que se apunta hacia el sistema agrario: Jorge Fernández Mendiburu.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 12 de noviembre de 2019
El día de ayer sesionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia pública sobre Vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en México desde la perspectiva agraria, en Quito, Ecuador.
Se contó con la presencia desde la sociedad civil, con representantes indígenas, organizaciones como Grupo Indignación, Fundación para el Debido Proceso, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras. Por parte del Estado mexicano estuvieron el coordinador general de asesores del INPI, Juan Carlos Martínez y Luis Cruz Nieva, subsecretario de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Jorge Fernández Mendiburu, integrante de Indignación, declaró que “fue una audiencia inédita porque fue la primera vez que se ponía ante la CIDH una serie de violaciones a derechos indígenas cometidas desde el sistema agrario”.
Durante la audiencia se presentaron casos de vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas que el régimen agrario comete, por ejemplo, al promover la privatización y el despojo del territorio indígena, al imponer normativas que no permite a las comunidades y ejidos elegir su libre determinación y un gobierno autónomo, así como impedirles la protección y recreación de sus tierras.
“A esto se añade la precariedad económica y creciente marginación de la población indígena que derivada de un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista que ha afectado gravemente la propiedad comunal”, apuntó Jorge Fernández.
También señaló que programas como PROCEDE y FANAR promueven la individualización de las parcelas ejidales y la liberación para la comercialización, esto afecta especialmente a los pueblos indígenas “pues no tomó en cuenta sus mecanismos de autorregulación”.
Además, enfatizó que el régimen agrario “impone un sistema normativo para la administración y control de las tierras ejidales y comunales que de manera colateral afecta la vida social y cultural de los pueblos indígenas”.
La petición principal que los pueblos indígenas y las organizaciones realizaron a la CIDH fue el reconocimiento y protección de los territorios indígenas que contemple la participación de los pueblos y comunidades para la implementación de los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Además, atender y reparar las consecuencias que se viven en las comunidades, como agresiones, desplazamientos y amenazas, resultado de defender su territorio.
Por su parte, los representantes del Estado mexicano reconocieron las fallas y el déficit que hay en el actual régimen agrario y también el problema de la corrupción, aunque afirmaron que están en proceso de saneamiento de la institución.
Se logró acordar la visita de la Relatora de Pueblos Indígenas de la CIDH a México y otorgar asesoramiento técnico al Estado durante el proceso de la Reforma Constitucional. Dicha asesoría contará con los estándares internacionales “más altos en materia de derechos de los pueblos indígenas” y se apliquen a la Ley Agraria, apuntó Fernández Mendiburu.
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